Morgan´s

Leyes y morales.

In Actualidad on 14 agosto, 2012 at 17:09

El domingo por la noche, mientras tratábamos de ver la lluvia de estrellas, un amigo me preguntó mi opinión sobre el reciente caso del asalto a unos supermercados en el que participó el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

Y mi opinión es que me provoca sentimientos encontrados, qué quieren que les diga. Por un lado, como simpatizante de su ideología política, me parece que la acción del andaluz era un símbolo de la resistencia del pueblo ante la corporación, ante el capitalismo más salvaje y me arranca una sonrisa cómplice. Por otra parte, como jurista, he tratado de buscar algún argumento que pudiera esgrimir de forma plausible si me correspondía llevar la defensa de Gordillo. Siento decir que no lo he encontrado.

Empecemos por el principio y tomemos como hechos probados los que han sido repetidos ya hasta la saciedad en todos los medios de comunicación de este país: el día de autos, el Sr. Sánchez Gordillo acompañado por una serie de miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores se personan en un hipermercado de una famosa cadena y se llevan del mismo varios carros llenos de productos alimentarios, llegando incluso a forcejear con una de las cajeras del hipermercado.

La primera cuestión importante en este caso sería calificar la conducta de los sindicalistas y el parlamentario. En principio, el apropiarse de cosas ajenas viene definido en el artículo 234 de nuestro Código Penal:

“El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excede de 400 euros.

Con la misma pena se castigará al que en el plazo de un año realice tres veces la acción descrita en el apartado 1 del artículo 623 de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al mínimo de la referida figura del delito.”

Si, por el contrario, media fuerza, intimidación o violencia sobre las cosas o las personas, nos encontraremos ante un delito de robo, definido en el artículo 237 CP:

“Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas.”

Dicho esto -y tomando como cierto el forcejeo con la cajera- nos encontraríamos ante un delito de robo, que presentaría además la peculiaridad de haber sido cometido en local abierto al público, siendo por tanto de aplicación las penas señaladas en el artículo 241 del Código Penal (robo en local abierto al público) o las del 242 (robo con violencia en las personas). En este caso no es relevante la aplicación de uno u otro artículo, puesto que ambos señalan la misma pena: de 2 a 5 años de cárcel.

Si, por el contrario, el forcejeo no fuera real o demostrable, estaríamos ante un hurto y habría que estar al valor de lo hurtado para determinar si se trata de un delito o una falta y aplicar la pena correspondiente: multa de uno a dos meses o entre 4 y 12 días de localización permanente (art. 623 CP) para la falta o prisión de 6 a 18 meses para el delito.

En un primer momento, hecha esta tipificación del ilícito, me asaltó una duda sobre si podría considerarse que la conducta era atípica (no delictiva) por no existir ánimo de lucro, elemento fundamental del tipo subjetivo de los delitos contra el patrimonio. En este punto nos metemos en terreno algo más fangoso: aunque la jurisprudencia ha interpretado el ánimo de lucro en un sentido estricto, definiéndolo como “propósito de enriquecimiento, ganancia económica, provecho o ventaja, incluyendo los supuestos en que se tenga móvil de liberalidad, pura beneficencia o ánimo contemplativo”, existen también corrientes doctrinales que abogan por una interpretación más laxa del ánimo de lucro. Así pues, ya que la doctrina es doctrina y la jurisprudencia una fuente del derecho, habremos de estar a lo señalado por ésta y, por tanto, entender que los terceros que recibieron los alimentos sustraídos por los sindicalistas se lucraron al recibirlos. De hecho, si aplicamos la ley a rajatabla, las organizaciones benéficas que aceptasen estos productos podrían estar cometiendo un delito de receptación si pudiera probarse que conocían el origen delictivo de las dádivas. (art. 298.1 CP)

“1. El que, con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.”

Por tanto, hasta aquí, parece que los sindicalistas andaluces son reos de robo y se enfrentan a penas de prisión de entre 2 y 5 años. ¿Qué ocurre con el Sr. Gordillo? Según sus propias declaraciones a la Agencia EFE, se limitó a “realizar maniobras de distracción”, que podrían convertirlo en cómplice del delito de robo. Pienso que no cabría la consideración de cooperador necesario, habida cuenta que la sustracción se podría haber dado igualmente con o sin sus “maniobras de distracción”.

Bien, revisemos, para concluir, el argumento enarbolado por Gaspar Llamazares al ser inquerido por un periodista sobre estos hechos: “si fuera para una situación dramática para personas que están sufriendo necesidad incluso el Código Penal lo justifica”. Se refiere el señor Llamazares al conocido como “hurto famélico”, es decir, el hurto en estado de necesidad, eximente recogida en el artículo 20.5 del Código Penal.

Ciñéndonos estrictamente al texto del artículo, parece que el diputado de IU tiene razón, si bien la jurisprudencia ha desarrollado el fondo del artículo hasta precisar que dicha eximente sólo puede invocarse cuando la violación de la ley haya sido realizada como “último recurso”, sin existir alternativa posible.

Así pues, como conclusión, no cabe duda que la actuación de Sánchez Gordillo y los miembros del SAT son constitutivas de un ilícito penal, que corresponderá al juez determinar si se trata de un robo o un hurto, así como determinar el grado de participación de cada uno de los implicados.

Ahora bien, este es un buen ejemplo de aquellos casos en los que la ley y la moral no van necesariamente de la mano. Robar está mal, sin duda. Pero robar para dar de comer a personas necesitadas, porque han perdido sus trabajos y/o sus viviendas es moralmente aceptable, aunque antijurídico. Arruinar y estafar a los ciudadanos, si se hace bien, es moralmente reprochable, pero legal.

País de locos…

(La viñeta la he cogido prestada del blog “El Republicano liberal”, un blog venezolano anti-chavista al que podéis acceder aquí. )

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